Volatilidad en las calles y lentitud en el Congreso: qué oculta el ‘descompás’ político en Perú
La contradicción cultural y política entre Lima y el resto de Perú, que durante las primeras semanas del conflicto se había circunscrito a las regiones indígenas y campesinas del sur, ahora se ha trasladado a la capital de manera tan disruptiva como prolongada.
Desde la gran marcha de «los cuatro suyos», ocurrida el 19 de enero, las protestas no han amainado en Lima. Por el contrario, se han radicalizado. El martes en las noche seguían las movilizaciones y enfrentamientos esparcidos por la ciudad. La sociedad demanda una fecha electoral próxima y el Congreso está vacilante.
El discurso oficial intentó posicionar la imagen de protestas localizadas y delimitadas, que sucedieron a la destitución del presidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre, pero una vez que estas rondan los alrededores del Congreso y de las zonas comerciales y empresariales limeñas, es muy difícil utilizar este argumento para desconocer la profundidad de la crisis.
Cuando comenzaron los cortes de ruta y las convocatorias de paro a mediados de diciembre, parecían llamados periféricos e insostenibles. Ahora parece más bien que ocurre un movimiento que está infartando a una institucionalidad que se niega a escuchar las demandas.
Este fin de semana ocurrió lo que el gobierno había tratado de impedir: el deceso de un manifestante en la capital.
La guinda del cóctel la puso la protesta frente a la embajada de EE.UU. en Lima, reclamando contra la intervención y el apoyo de Washington a Boluarte, ya que fue uno de los primeros gobiernos en reconocer la presidencia interina.
La concentración deja claro que los manifestantes no solo tienen a Boluarte y al Congreso como adversarios, sino que comienzan a apuntar a la embajada por el respaldo que le ha dado al gobierno interino, legitimando con ello la cruenta represión.
Viaje de la canciller a Washington
Ante esto, la respuesta oficial no ha sido de rectificación. Por el contrario, a los pocos días, el gobierno informó de la visita oficial a Washington por parte de la canciller Ana Cecilia Gervasi para efectuar un «diálogo bilateral de alto nivel» que comenzó, de manera apremiante, este 30 de enero.
En medio del conflicto político en torno a la destitución de Castillo, a finales del año pasado, varios congresistas y sectores políticos, incluido el presidente depuesto, consideraron que la avanzada derechista se debía a que 2023 era un año estratégico para la renovación de varios contratos ley en materia de minería, hidrocarburo y gas, que están apunto de actualizarse y que las trasnacionales pretenden mantener en las condiciones favorables que el neoliberalismo imperante les ha concedido.
Quizá eso explica la reciente negativa del Congreso para adelantar las elecciones y lograr rebajar la conflictividad.
Y también podría ser la razón del reciente viaje a Washington de la canciller. El objetivo pareciera la búsqueda del respaldo a la decisión de no adelantar elecciones y atajar el costo diplomático e internacional que tendría un estallido en Lima, a sabiendas de que están apagando el fuego con gasolina mientras piden licencia para apaciguar este levantamiento popular de la forma que sea necesaria.
Si el oficialismo obtiene en Washington un cheque en blanco, la represión y la profundidad de la disputa va a aumentar la crisis y el choque social, además de afectar a los países vecinos.