Vicentín: reclaman más protagonismo de Santa Fe en la toma de decisiones

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo para ponerse al frente del proceso de continuidad de la firma, defendiendo el interés público de la provincia. “Santa Fe tiene que tener un rol protagónico en la solución del problema”, afirmó.

El diputado Joaquín Blanco (FPCyS-Socialistas) presentó un proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de las operaciones de Vicentín SAIC, defendiendo el interés público de la provincia de Santa Fe y sobre la base de los principios de federalismo, legalidad, transparencia, soberanía económica, defensa de los trabajadores y del sistema productivo santafesino.

“Entendemos que se presentaron dos opciones negativas, la primera que las cosas sigan como hasta ahora y la otra una expropiación incierta”, dijo el legislador al programa televisivo Apto para Todo Público.

“Que Vicentín sea una empresa satélite de YPF es una derrota”, sostuvo.

En el mismo sentido, Blanco dijo que “el Frente Progresista tuvo una relación muy conflictiva con la empresa”.

“Debe haber una solución desde Santa Fe, Vicentín no debe ser una ficha que se juegue como quien intercambia figuritas, el gobierno de la provincia de Santa Fe deber tener un rol protagónico. Nos revelamos contra el hecho de que sea un asunto discutido y decidido en Buenos Aires. La salida tiene que ser pensada, acordada y liderada en el territorio santafesino”, señaló Blanco durante la última sesión de la Cámara de Diputados.

En la oportunidad, el legislador valoró el trabajo de sus pares de la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín, “surgida mucho tiempo antes de que este tema sea de debate central en la política argentina”.

“El presidente (Alberto Fernández) –continuó Blanco-, admitió estar abierto a propuestas alternativas y el gobernador (Omar Perotti) declaró que es necesario encontrar una solución superadora del proyecto de expropiación. Lo mismo sucede con los productores y las cooperativas afectadas. Esta Legislatura, entonces, no tiene que comentar la realidad que se discute en Buenos Aires, sino aportar a esa propuesta superadora de la que hablan el presidente y el gobernador. Es el momento de trabajar unidos para encontrar una solución que sea un gran acuerdo gestado en la provincia de Santa Fe y si hay participación estatal debe ser la del Estado santafesino”, afirmó.

“Buscamos un amplio acuerdo político –aseguró Blanco-, y por eso este proyecto lleva la firma de 30 diputados del bloque del Frente Progresista, Igualdad y Participación y Frente Social y Popular Ciudad Futura”.

De acuerdo a la iniciativa, el gobierno podrá auxiliar a las pymes productoras de granos y cooperativas de Santa Fe que hayan presentado verificación de créditos dentro del proceso judicial que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentín, a través de la adquisición, mediante una negociación, de sus acreencias y derechos. El instrumento económico-financiero a utilizar para esa operación será el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, establecido en la Ley N° 13.622/17, “una herramienta que esta Legislatura le dio en su momento al gobierno y a través de la cual se puede lograr una salida negociada, evitando el grave impacto social que provocaría la quiebra de estos actores”.

Según el Banco de la Nación Argentina, hay 42 cooperativas de la provincia de Santa Fe involucradas, que representan una deuda de $7.000 millones. Asimismo, hay 755 productores que concentran una deuda de $16.000 millones, con un monto promedio de $21 millones.

“Ambos segmentos de acreedores grafican el impacto que tiene la paralización de Vicentín en la economía santafesina. Nuestra propuesta abarca sólo a las pymes y cooperativas, por lo que requerimos información detallada al Banco Nación para precisar ese universo”, resaltó Blanco.

Reestructuración societaria y cuota de oro

La iniciativa también faculta al Ejecutivo para que, en un plazo de 60 días, concerte con la empresa concursada una propuesta de reestructuración societaria que garantice la continuidad de las operaciones a fin de asegurar el sostenimiento, financiamiento y/o gestión de la empresa, preservando las fuentes laborales y los derechos de los acreedores. Además se deberá reunir y sistematizar información sobre las operaciones realizadas en los últimos diez períodos fiscales, la cual pasará a ser información pública.

“La transparencia es fundamental; no puede haber impunidad en el caso Vicentín. Si se cometió un delito, tiene que haber sanción”, sostuvo Blanco.

La propuesta de reestructuración societaria deberá contemplar la modificación del Estatuto de la empresa, posibilitando la incorporación de acreedores públicos y privados nacionales, entre ellos productores y cooperativas, como accionistas; y la participación en el directorio de la empresa al gobierno provincial y a los trabajadores, representados a través de sus respectivos sindicatos. También deberá otorgar al Ejecutivo el poder de veto o “acción de oro” para decisiones estratégicas.

Por otra parte, el proyecto establece que el gobierno convocará a un comité de expertos interdisciplinario ad-hoc, constituido con referentes de amplia trayectoria de los sectores académicos, productivos y gremiales a los fines de asesorar al gobernador en la implementación de las acciones propuestas.

Asimismo, dispone la creación de una comisión bicameral compuesta por tres senadores y tres diputados a los efectos de monitorear el cumplimiento de los objetivos definidos, con facultades para consultar, asesorar y contribuir al respecto.

El efecto Vicentín en Santa Fe

En sus fundamentos, el proyecto precisa que el total de la deuda concursada de Vicentín asciende a $99.345 millones, de los cuales el 64% ($63.962 millones) son deudas con el sistema financiero (de ese total el 28% corresponde al Banco Nación, un 47% a bancos y fondos internacionales y el resto a otros bancos públicos y privados de Argentina).

El 36% restante de las acreencias ($35.674,2 millones) se dividen en unos 2.600 acreedores, donde productores, acopiadores y unas 100 cooperativas agropecuarias representan el 74,3% de ese total (unos $25.657 millones). Solo la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ostenta el casi el 20% del total de dicha deuda.

Según el informe de Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, del total de la deuda concursada “los extremos lo comportan por un lado, las 37 entidades financieras que concentran el monto mayoritario de la deuda ($63.962 millones); y por otro, se ubican 1.895 productores que tienen acreencias por $25.657 millones de pesos”. Dicho de otro modo, las entidades financieras poseen el 64,4% del monto de la deuda siendo sólo el 1,4% del total de acreedores; mientras que los productores de granos que concentran el 71,8% de los acreedores, representan el 25,8% de la deuda.

Del mismo informe se desprende que “del total de estos productores, 755 (el 40%) se ubican en la provincia de Santa Fe, y representan a su vez el 63% ($16.040 millones) del total de estas deudas” siendo el promedio de deuda por productor de $21,2 millones. Por otro lado el informe detalla que “las cooperativas involucradas, en tanto aportantes de granos a la firma Vicentín con domicilio fiscal en la provincia de Santa Fe son 42, las cuales concentran una deuda total de $6.978.816.243”.

Un activo estartégico para Santa Fe

Vicentín es la sexta agroexportadora del país a través de sus plantas y puertos dispuestos en el cordón industrial que va desde Rosario a Timbúes, además es la principal empresa en el negocio de molienda de oleaginosas del país ya que cuenta con una capacidad de 29.500 toneladas diarias, con ventas que superan los U$S3.000 millones durante los últimos tres ejercicios, siendo el 85% proveniente de exportaciones.

Asimismo, es la mayor empresa de molienda de granos del país en términos de capacidad instalada en la Provincia de Santa Fe. El volumen total que pasa por la empresa explica el 9% del total exportado de Argentina con 8,4 Millones de toneladas. La molienda de oleaginosas representa un 85% de los ingresos de la compañía. El 15% restante se distribuye entre biocombustibles 7% y otros (fundamentalmente trading de cereales) el 8%.

En los últimos 4 años Vicentín declaró un incremento de hasta 42% en las ventas al exterior de granos, legumbres, harinas y aceites entre las campañas 2015/16 y 2018/19, según cifras del Ministerio de Agricultura de Nación.

Por otro lado, mientras registraba un incremento interanual en la facturación, en los últimos años la compañía mantuvo un pasivo de apenas el 20%, según sus datos financieros, lo cual indica que la situación de liquidez y endeudamiento era razonable y controlada. Es decir que según la indicación de los balances 2018 y anteriores, la empresa venía atravesando una situación de expansión más que de crisis o endeudamiento.

“Las cifras muestran la importancia de Vicentín como activo económico para la provincia de Santa Fe empleando a más de 5.000 trabajadores en todas las unidades de negocio del grupo, los cuales, en su mayoría son santafesinos”, se remarca en los fundamentos del proyecto.

Fuente: RDP