Podemos fracasa en su intento de sacar la nueva Ley de Vivienda antes de las elecciones catalanas

Pablo Iglesias quería contar con ella como baza electoral en los comicios catalanes del próximo 14 de febrero.

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para la futura Ley de Vivienda ha encallado cuando faltan diez días para las elecciones en Cataluña. Las fricciones en varios de los asuntos clave de la norma y la cercanía de la cita electoral han congelado el diálogo hasta después del 14 de febrero y dejan al partido de Pablo Iglesias sin uno de los avales que pretendía poner sobre la mesa de cara a los comicios.

La polémica vuelve a estar servida entre los dos socios de Gobierno. Según fuentes socialistas conocedoras de las negociaciones, los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana plantearon a los miembros de la vicepresidencia segunda aplazar los encuentros hasta después de la cita con las urnas y éstos aceptaron de buen grado posponerlos hasta el 15 de febrero.

Sin embargo, en Unidas Podemos niegan esta versión y aseguran que se trata de una decisión unilateral por parte del PSOE con la que ellos no están de acuerdo. «Después de que esta semana se conocieran importantes discrepancias entre el PSOE y UP con respecto a la ley de vivienda, ayer el Ministerio de Transportes se negó a compartir el borrador completo del texto legislativo, tal y como se había acordado con los morados, hasta que ‘se celebren las elecciones catalanas»», aseguran fuentes del partido de Iglesias.

Por encima del carácter social de la ley, este nuevo enfrentamiento pone de relevancia la importancia política y electoralista que la Ley de Vivienda tiene para ambas formaciones. En el caso de Unidas Podemos, esta norma es uno de los avales que el partido de Iglesias quiere presentar ante su electorado tras el fracaso en otras cuestiones como el decreto antidesahucios o algunas de las medidas contra el Covid.

Presentarla antes del 14 de febrero le daría un argumento más a favor en la campaña electoral catalana. Sin embargo, esta congelación no sólo dinamita esta posibilidad sino que también hace que sea muy complicado cumplir con el calendario inicial que preveía tener la norma para el 19 de febrero. Su aprobación, por tanto, podría acabar retrasándose hasta los últimos días del mes o, incluso, alargarse hasta marzo.

Por su parte, el equipo liderado por Ione Belarra (UP) también ve intereses electoralistas en la decisión socialista de paralizar las negociaciones. Consideran que el borrador planteado hasta ahora no es todo lo ambicioso que podría ser y eso contrarresta el efecto Illa en una región como Cataluña, donde las leyes en materia de vivienda han ido más allá en estos últimos años.

Presentarla además antes del 14 de febrero le daría un argumento más a favor en la campaña electoral catalana. Sin embargo, esta congelación no sólo dinamita esta posibilidad sino que también hace que sea muy complicado cumplir con el calendario inicial que preveía tener la norma elaborada para el 19 de febrero. Su aprobación, por tanto, podría acabar retrasándose hasta los últimos días del mes o, incluso, alargarse hasta marzo.

PRINCIPALES DESACUERDOS
Sobre la mesa seguirán estando las profundas diferencias que los dos partidos mantienen desde el principio y que tienen que ver con el enfoque intervencionista de Unidas Podemos frente a una postura más a favor de los incentivos del lado socialista.

La formación morada plantea extender la prohibición de los desahucios más allá del estado de alarma, limitar los alquileres o establecer un impuesto a los grandes propietarios para obligarlos a poner sus viviendas vacías en el mercado, algo a lo que no está dispuesto el ala socialista del Gobierno. Además, Unidas Podemos también quiere obligar a que esos grandes tenedores destinen al alquiler social al menos el 30% de sus viviendas, una medida polémica en la que muchos ven un intento de expropiación y con la que tampoco está de acuerdo el Ministerio de Transportes.

Los socialistas, por su parte, son partidarios de introducir desgravaciones fiscales a los arrendatarios de viviendas vacías, así como iniciativas que fomenten la colaboración público-privada para el desarrollo de un parque público de vivienda asequible. Medidas encaminadas a «reforzar la función social de la vivienda», tal y como explican fuentes socialistas.