López Obrador y el Instituto Nacional Electoral: una pelea que empaña las elecciones más grandes de la historia de México
El presidente ataca a las autoridades electorales. Y las autoridades electorales emiten fallos que perjudican principalmente al Gobierno. La tensión es permanente.
La pelea, sellada con descalificaciones, insultos y amenazas constantes, más sentencias controvertidas que despiertan suspicacias, aderezan las elecciones del próximo 6 de junio, que serán las más grandes de la historia, ya que alrededor de 15.000 candidatos se disputarán 3.526 cargos en país que tanto ha batallado por consolidar su democracia.
Para López Obrador, los comicios representan un decisivo primer balance de sus dos años y medio al frente del Gobierno con el que ha prometido transformar a México. Y espera que la ciudadanía revalide el apoyo mayoritario a su proyecto.
Conforme se acercan los comicios, el pleito no amaina. Al contrario. El capítulo más reciente fue la decisión del Tribunal Electoral de confirmar la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón como candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por López Obrador y con el que ganó las presidenciales en 2018.
La revocación de las candidaturas la decidió primero el Instituto Nacional Electoral (INE), un órgano con el que el presidente arrastra una añeja batalla y que sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE) que, a pesar de todas las anomalías denunciadas (muchas de ellas, comprobadas) en 2006 validó el triunfo de Felipe Calderón y en 2012 el de Enrique Peña Nieto. Para López Obrador –el gran perdedor de ambos procesos– y parte de la ciudadanía –me incluyo– esas elecciones siempre quedarán teñidas por el tufo a fraude.
En 2014, el IFE se transformó en el INE, pero los nombres de varios funcionarios se mantuvieron. Y el presidente está convencido de que en 2018 no pudieron impedir por tercera vez su triunfo solamente porque el alud de votos a su favor fue contundente, irrefutable.
Enconos
La disputa a ratos adquiere un tono personal. En 2015, López Obrador dijo que Lorenzo Córdova, presidente del INE, era clasista y racista, «un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, encumbrado sin el mérito de la congruencia y la honestidad». Y en los últimos lo ha calificado a él, y también al resto de los funcionarios del INE y del Tribunal Electoral, como antidemócratas, golpistas, parciales, conspiradores, simuladores, conservadores.
Incluso ha advertido sobre la posibilidad de reformar a los organismos que organizan y arbitran las contiendas electorales.
Córdova, por su parte, dijo a principios de año que las ya célebres y diarias conferencias mañaneras del presidente representaban actos de promoción gubernamental, lo que está prohibido por ley, así que no deberían pasarse íntegras. López Obrador acusó censura, intentos de callarlo y de cercenar su libertad de expresión y el derecho del pueblo a la información.
El debate no ha cesado. La semana pasada, el INE notificó al presidente sobre las posibles sanciones a las que podría exponerse en caso de que persista en realizar propaganda en sus conferencias. López Obrador negó haber recibido comunicación alguna, pero el organismo demostró que había enviado a Presidencia el documento en el que lo conmina a abstenerse de difundir cualquier información que pueda incidir en el voto ciudadano. De lo contrario, habrá sanciones.
En esos meses también hubo una polémica porque, para las legislativas de junio, el INE apostó a imponer, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, un complejo mecanismo que establece la ley para impedir que un partido tenga una sobrerrepresentación de curules en la Cámara de Diputados. López Obrador considera que es una maniobra para evitar que Morena vuelva a tener mayoría parlamentaria. Pero esta semana el Tribunal Electoral validó los criterios establecidos, con lo que la bancada oficialista puede ser la principal afectada en la próxima legislatura que asumirá en septiembre.
La agenda electoral es intensa. Hace dos semanas, el INE abrió otra discusión al advertir que aplazaba por falta de presupuesto la organización de la consulta popular prevista para el 1 de agosto y en la que la ciudadanía decidirá si está de acuerdo o no en que los expresidentes sean sometidos a juicio. Lo contradictorio es que la consulta fue propuesta por el presidente, pero su Gobierno no quiere dotar al órgano electoral de los fondos necesarios para llevarla a cabo.
Polarización
El martes fue una jornada álgida. Al cancelar de manera definitiva las candidaturas de Salgado Macedonio y de Morón, el Tribunal Electoral obliga a Morena a elegir a nuevos candidatos a sólo seis semanas de las elecciones.
La sentencia se basó en irregularidades en la presentación de gastos de campaña pero, como los montos son irrisorios (no superan los mil dólares en un país acostumbrado a escándalos multimillonarios de corrupción), el presidente y su partido apostaron a que sólo se impusiera una multa, una sanción, no la pérdida del registro. Por eso la reacción –previsible– de López Obrador: los acusó de asestar un golpe a la democracia.
Más allá de las anomalías en las cuentas de estos y otros candidatos, las suspicacias por el ímpetu de transparencia y control del INE se desatan porque, de las 49 candidaturas que suspendió para el 6 de junio, 42 eran de Morena; y en los dos casos que más impactaron, se trata de los candidatos del oficialismo que encabezaban las encuestas en los estados que pretendían gobernar.
Cada uno de estos temas se discute fervorosamente. Se habla de victorias y derrotas para el Gobierno o para las autoridades electorales. Las redes se colman de mensajes que oscilan del «INE corrupto» al «Yo defiendo al INE». Los funcionarios de los organismos a cargo de la elección juran y perjuran neutralidad. López Obrador insiste en descalificarlos, tal y como hace con todos aquellos que no son sus militantes.
Por eso, a cada rato oficialistas y opositores advierten que la democracia está en peligro. De todos los sectores de la sociedad depende que en realidad no haya riesgo institucional alguno y la espuma declarativa comience a bajar el 7 de junio, con los votos contados, y todos estos debates sólo formen parte de la vitalidad democrática en México. Y que todavía está en proceso de construcción.