Leyes provinciales y organismos específicos ayudan a la integracion de personas con discapacidad
En la Argentina 10 de cada 100 personas sufren algún tipo de limitación física o intelectual que dificulta sus actividades cotidianas y las ubica en situación de desigualdad respecto de aquellas que tienen sus capacidades conservadas, por lo que en cada provincia hay programas especializados de atención, contención y de desarrollo con emprendimientos productivos, entre otras actividades.
En la provincia de Buenos Aires funciona el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para personas con discapacidad (Seclas), un organismo que entiende las acciones de promoción del empleo para este sector en base a la Ley 10.592 que establece un Régimen Jurídico Básico Integral.
Durante la pandemia, 174 personas fueron asesoradas por el Seclas acerca del estado de su trámite para ingresar en la Administración Pública y 87 fueron asistidas para el uso del portal de intermediación y postulaciones laborales.
En ese marco, el Seclas busca estrategias de intermediación laboral para la inserción de las personas con discapacidad en trabajos de calidad y se encarga del Registro de Postulantes Laborales que realiza las entrevistas en las que se definen perfiles ocupacionales.
En Bahía Blanca funciona desde 1994 el taller Protegido de Producción, Panificadora Nuevo Sol, que da trabajo a 25 personas con discapacidades pero por la pandemia no pudieron concurrir por ser personas de riesgo, contó a Télam su presidente, Francisco Medrano.
«Ellos están en un taller protegido y lo que tienen son peculios que cobran por el Banco Nación y de la provincia de Buenos Aires», recalcó y resaltó que también «hay un grupo de voluntarios que con el INTA hacen bolsones solidarios que se llama Animate Vale Oro por lo que nuestros productos también están allí».
En Entre Ríos, la ley 9.891 establece un sistema provincial de «protección y promoción integral» a las personas con discapacidad, que obliga al Estado a emplearlas en más del 4% de la totalidad de su personal.
También determina un cinco por ciento (5%) de las viviendas construidas por la provincia o por programas nacionales, a personas con discapacidad; y el desarrollo de programas de capacitación, información, y adecuación.
Fuentes del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) explicaron a Télam que si bien no hay información certera sobre la cantidad de cargos y cumplimiento; se organizan múltiples actividades y capacitaciones, como un catálogo digital con sus emprendimientos; entrenamientos para mejorar y avanzar en sus productos y su colocación en el mercado; la creación de redes de apoyo en toda la provincia; y una feria navideña el próximo 18 de diciembre.
En La Pampa, el director de Discapacidad, Iván Gabriel Poggio, explicó que «a la fecha, un total de 91 personas están trabajando en distintos dependencias de la administración pública provincial en distintas localidades y la particularidad de la Ley provincial es que es la única en el país que no establece cupo sino cantidad de personas y eso permite un contralor en el cumplimiento de la ley».
Poggio aclaró que aún en pandemia «los procesos para incorporar gente con discapacidad prosiguieron».
En San Luis, la Ley I-0011-2004 establece en su normativa que el Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados y Empresas del Estado deberán ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 3% anual del ingreso.
«Siempre mi búsqueda iba orientada al sector privado, pero nunca quedaba, mi discapacidad es motriz y muchas veces eso me impedía la agilidad en algunos puestos, pero luego surgió la posibilidad en la público que me cambió bastante mi vida», relató Beatriz Lucero, quien pudo ingresó como administrativa en el Concejo Deliberante de San Luis.
«Considero que aún falta para lograr la integración que se intenta, existe mucha ignorancia y falta educación en sectores de la sociedad para que nos integren y poder derribar prejuicios a la hora de incorporarnos y dejarnos demostrar que también podemos», recalcó la joven.
En Chubut hay por lo menos 15.000 personas con distinto tipo de discapacidad y está vigente desde hace 15 años la ley 296 que estipula un cupo del 4 % para personas con discapacidad en el Estado. Sin embargo, los especialistas consultados por Télam dudan que esa normativa se cumpla en plenitud.
La concejala de Rawson Lorena Marín (Frente de Todos) aseguró que «hay ejemplos de integración fantásticos, como el caso de Leyla en la banda de policía», en referencia a una joven no vidente que integra el plantel estable del escuadrón musical.
Silvia L (56), madre de un joven con hipoacusia, describió a Télam que su «hijo consiguió un trabajo en la imprenta oficial y le cambió la vida porque lo ató a una responsabilidad y él respondió por lo que sus compañeros lo adoran».
En Mendoza, la directora de Atención a Personas con Discapacidad, Gabriela Juárez, señaló que «las barreras ideológicas se basan en sistemas de creencias naturalizados en los que se cree que la persona con discapacidad no puede ni debe trabajar».
En esa provincia el cupo laboral también es del 4 %.
Córdoba está adherida a la legislación nacional y cuenta con varios programas de asistencia y rehabilitación en 12 centros de prestaciones gratuitos para el acompañamiento terapéutico, hogarización, educativo terapéutico, provisión de elementos para la movilidad y ayudas técnicas, además de inclusión laboral, entre otros, manifestó a Télam la subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, María Teresa Puga.
En la actualidad hay más de 100 personas trabajando en organismos públicos, quienes fueron capacitados para desempeñar distintas tareas, y que «la experiencia fue muy positiva por los buenos resultados», destacó la funcionaria.
Asimismo, detalló que en los centros se contabilizan más de 500.000 prestaciones por año, que se trabaja con los municipios para la «accesibilidad universal» y que mañana se realizará un ‘taller vivencia’ en la Legislatura, en donde «los legisladores se ponen en el lugar de las personas con discapacidad», utilizando, las sillas de ruedas, bastones y vendas en los ojos.
Asimismo, mañana, el intendente de Luján de Cuyo, Mendoza, Sebastián Bragagnolo, entregará -tras un convenio con la fundación cordobesa Jean Maggi- las primeras 50 bicicletas de mano adaptadas del programa que articuló con la entidad local.
«Esta va a ser la entrega más grande en la historia de la Fundación», dijo Jean Maggi luego de concretar el acuerdo con la comuna lujanina.
Neuquén cuenta con la ley 1634, que «establece la obligación de incorporar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4 % anual del ingreso para sus distintos organismos», informaron a Télam fuentes de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Ciudadanía.
Asimismo, señalaron que a través de ese organismo «se articula y promociona el cumplimiento de dicha legislación, difundiendo los criterios vinculados a la accesibilidad universal y laboral con las que las distintas áreas del Estado deben contar».
La santiagueña María Paula Albarracín es maestra jardinera y hace 4 años que le diagnosticaron artritis reumatoidea. En diálogo con Télam contó que luego del diagnóstico comenzó con el tratamiento y remarcó: «aprendí a aceptar mi enfermedad y convivir con ella; hoy sigo adelante, con mucho optimismo».
«Yo trataba de cumplir siempre brindando a los niños como siempre lo mejor de mí, dibujando sonrisas, a pesar que el dolor que me invadía», contó y agregó que «el pilar fundamental son los afectos, la familia cumple un rol importantísimo ya que son ellos los que están siempre dispuestos a ayudarte y contenerte».
Y, destacó que «nunca hay que bajar los brazos, siempre seguir adelante con optimismo y amor, porque todo se puede».
En Misiones, la presidenta del Concejo Provincial de Discapacidad, María Isabel Kosinski, señaló que la provincia trabaja en la incorporación de personas con discapacidad en los distintos organismos del Estado y en áreas privadas, de acuerdo a lo que establece la ley 25.689, a la cual está adherida la provincia.
Kosinski dijo a Télam que «uno de los derechos que tiene las personas con discapacidad es tener un trabajo digno, a libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias», como así también «la protección contra el desempleo, tal y como lo establece la declaración universal de derechos humanos en su artículo 23».
En Río Negro, la presidenta del Consejo para las personas con Discapacidad Laura Balmaceda dijo a Télam que, «la experiencia laboral de una persona con discapacidad es realmente constructiva, para todos» y destacó que en la provincia rige la ley 2055, que establece un cupo laboral para personas con discapacidad «no inferior al 4 %» pero sólo el Poder Judicial pudo cumplirlo.
Río Negro acompaña los programas de empleo de Nación para personas con discapacidad, que son de 8 meses, y a las organizaciones que contemplan en sus prestaciones la inclusión y formación laboral.
Balmaceda explicó que «los impedimentos, son los sistemas de apoyo, necesarios para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse integralmente, sin barreras que impidan la igualdad en el ámbito laboral como la accesibilidad, los ajustes necesarios, la parte tecnológica y también la parte humana».
Fuente: Telam