Las amenazas de bomba en aeropuertos tienen consecuencias penales

Tras una falsa intimidación a la principal aeroestación del país, los oficiales realizaron una investigación que derivó en un allanamiento para secuestrar el celular desde donde se habría originado la llamada.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un allanamiento la semana pasada en un domicilio ubicado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde secuestró un teléfono celular vinculado a una amenaza de bomba al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El dispositivo incautado pertenece a un ciudadano argentino sospechado de haber llamado telefónicamente al call center de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 el pasado 31 de enero, y haber dicho: “Hay una bomba, van a volar todos”. La intimidación activó ese día el protocolo correspondiente por parte del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la PSA, para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en la aeroestación Ministro Pistarini.

La falsa amenaza originó una investigación, en el marco de la cual los oficiales concretaron distintas tareas de campo y análisis a los fines de hallar el teléfono, bajo dirección y supervisión del juez federal en lo Criminal y Correccional N°1, Federico Villena.

Portar materiales explosivos -y amenazar con su uso- constituye un delito. No solo implica entorpecer el normal funcionamiento del servicio aéreo sino que genera pérdidas económicas, infunde temor en la comunidad aeroportuaria y provoca un estado de malestar generalizado. Quien lo realice puede afrontar cargos por intimidación pública y por entorpecimiento de servicios públicos (art. 211 y 194 del Código Penal), tal como sucedió en septiembre último cuando un pasajero que estaba abordando en Aeroparque un vuelo con destino a Tucumán, ofuscado por alguna situación, manifestó llevar una bomba.