La Secretaría de Derechos Humanos señalizó sitios de Memoria en la provincia de Mendoza

Durante dos jornadas, se llevó adelante la marcación de predios donde se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Además, se repusieron carteles en la capital provincial y en la ciudad de San Rafael.

La Secretaría de Derechos Humanos concluyó hoy la señalización de sitios de Memoria en Mendoza, que incluyó la reposición y renovación de cartelería instalada en predios que guardan la memoria de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico- militar.

En la jornada de ayer se señalizó la “Colonia Educativa Papagallos” ubicada en el departamento de Las Heras, lugar donde permanecieron secuestradas y sometidas a tormentos personas perseguidas por su militancia política, social y sindical. Este predio formó parte del circuito de centros clandestinos de reclusión del Gran Mendoza, que incluye al Departamento 2 de Informaciones (D2) y comisarías de la Policía mendocina, la Penitenciaría Provincial, predios del Ejército y el Campo Las Lajas de la Fuerza Aérea, entre otros.

Estuvieron presentes el secretario Horacio Pietragalla Corti, la directora de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; autoridades de la Dirección General de Escuelas de la Provincia y de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema provincial, junto a sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos locales.

Más tarde, se realizó la renovación del cartel que había sido colocado en 2015 en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, que funcionó como centro clandestino de detención desde 1975 y, de manera más sistemática, durante del plan de terror y exterminio de la dictadura cívico-militar.

“Esto es parte de la obligación que tenemos como militantes políticos por sobre todas las cosas, más allá de la responsabilidad que hoy tenemos”, manifestó Pietragalla en referencia a las señalizaciones de sitios de Memoria que lleva adelante la Secretaría y destacó que “es continuar una política que surge a partir de la perseverancia de todos los organismos de derechos humanos, una política pública que abrazó Néstor Kirchner y Cristina, y que es un orgullo para nosotros poder realizar estas acciones de reparación integral sobre lo que sucedió en la dictadura”.

Las actividades continuaron hoy la reposición de las señalizaciones en los Tribunales y en el Cuartel de Bomberos de la ciudad de San Rafael, organizada en forma conjunta con el Municipio. Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, en la planta baja de Tribunales había calabozos donde permanecieron secuestrados y fueron torturados militantes políticos, sociales y sindicales. Esos calabozos estaban conectados internamente con el Cuartel de Bomberos, una dependencia de la Policía de la Provincia de Mendoza ubicada en la misma manzana. Allí eran trasladados para ser interrogados bajo tortura o para hacer uso del baño. Los operativos estaban a cargo de grupos de tareas integrados por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad provincial y federal.

Durante la actividad, el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael hizo entrega a integrantes de H.I.J.O.S. de la “Declaración de interés social, educativo y cultural” de las señalizaciones por Memoria, Verdad y Justicia.

Luego los familiares de las víctimas, sobrevivientes y representantes de organismos de Derechos Humanos, acompañados por autoridades locales y provinciales, compartieron un recorrido por los calabozos y algunos sobrevivientes compartieron sus testimonios, entre ellos Marianela Riera, hija de María Esther Dauverné, que estaba embarazada de ella al momento de su detención.

Estas acciones se enmarcan en la política de señalizaciones de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado que lleva adelante la Secretaría en todo el país. De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional N° 26.691, para hacerlos visibles y expresar en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompañar el juzgamiento de sus responsables y efectivizar el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.