La polémica decisión de Dinamarca de alquilar cientos de celdas en las prisiones de Kosovo

Kosovo acordó alquilar 300 celdas de una prisión a Dinamarca para hacer frente a la falta de espacio en las cárceles de la nación escandinava, decisión que ha despertado críticas en ambos países.

Dinamarca pagará una tarifa anual de 15 millones de euros (unos US$17 millones) durante un período inicial de cinco años y también ayudará a financiar la energía verde en el país.

Las celdas alquiladas están destinadas a albergar a delincuentes condenados de países no pertenecientes a la UE que serán deportados de Dinamarca después de sus sentencias.

Las leyes danesas se aplicarían a cualquier preso en las celdas alquiladas.

Kosovo tiene entre 700 y 800 plazas de prisión sin utilizar.

Los dos gobiernos firmaron el lunes una «declaración política» de intenciones que tendrá una duración inicial de cinco años, según un comunicado conjunto.

Kosovo —que declaró unilateralmente su independencia de Serbia en 2008— recibirá un total de 210 millones de euros (US$237 millones) durante los próximos 10 años por el alquiler de la prisión de Gnjilane, a unos 50 kilómetros de la capital, Pristina, a partir de 2023.

«[El acuerdo] generará espacio en nuestras prisiones y aliviará la presión sobre nuestros funcionarios carcelarios, al tiempo que envía una señal clara a los nacionales de terceros países condenados a deportación: su futuro no está en Dinamarca y debe, por lo tanto, cumplir su condena fuera», dijo el ministro de Justicia danés, Nick Haekkerup, en un comunicado.

La decisión ha sido recibida con fuertes críticas, con activistas en ambos países que sostienen que Dinamarca no debería enviar a convictos extranjeros no deseados a otros países, o lejos de sus familias.

«Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que esto está dentro de las reglas. Se aplicarán exactamente las mismas reglas que para las prisiones en Dinamarca», dijo el ministro. «Los convictos deportados aún podrán recibir visitas, aunque eso, por supuesto, será difícil», agregó.

Los enviados a Kosovo no serían reclusos de alto riesgo, dijo la ministra de Justicia de Kosovo, Albulena Haxhiu. Y no se enviará a Kosovo a ningun condenado por delitos de terrorismo o con una enfermedad terminal.

El acuerdo deberá ser ratificado en el Parlamento de Kosovo por una mayoría de dos tercios.