El polémico caso de una niña de 11 años violada por un familiar que frenó su aborto por intervención de la Iglesia católica en Bolivia

Conmoción, tristeza, enojo e indignación.

Son algunos de los sentimientos que han surgido en algunos sectores de la sociedad boliviana a raíz del caso de una niña de 11 años que quedó embarazada debido a los continuos abusos sexuales cometidos por un hombre de 60 años.

«Niñas, no madres» y «Salven las dos vidas» son algunas de las consignas que han utilizado en los últimos días, tanto en las redes sociales como en manifestaciones en las calles, los que defienden que la menor pueda interrumpir su embarazo amparada por la ley y los que creen que la gestación debe seguir su curso.

El caso, que sucedió en el municipio de Yapacaní -en el departamento de Santa Cruz, en el este del país-, ha tenido una fuerte repercusión en todo Bolivia en la última semana.

Violada durante meses
Durante más de nueve meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió después de que la menor «sintiera movimientos extraños» en su vientre y se lo contara a sus familiares. Tras una primera revisión médica, se dio a conocer que tenía 21 semanas de gestación.

Una tía de la pequeña presentó una denuncia contra el presunto agresor, que aguarda su proceso judicial en una cárcel de máxima seguridad.

Al mismo tiempo, se presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo (ILE) para la niña.

En Bolivia, desde 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro.

Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para la realización de un aborto no punible.

La ILE de la niña comenzó el viernes pasado. Según dio a conocer la Casa de la Mujer, institución que dio apoyo a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní al inicio del caso, la pequeña recibió una primera medicación para interrumpir la gestación.

Pero tras la mediatización del caso, que distintos sectores atribuyen a una cobertura «irresponsable» por parte de los medios locales y a que no se respetó la privacidad de la menor, la Iglesia católica y grupos denominados «provida» ejercieron presión sobre la niña y su madre para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo, según le dijo a BBC Mundo la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz.

El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano firmada por ella, la niña desistió de proseguir con la interrupción del embarazo.

Fue dada de alta del hospital el pasado martes y pasó, junto a su madre, a un centro de acogida dirigido por la Iglesia católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de su nonato.

Nadia Cruz considera que la madre no debería tener voz en la toma de decisiones en este caso, ya que los abusos sexuales ocurrieron mientras la pequeña se encontraba en «absoluta soledad e indefensión».

«De acuerdo con los informes a los que accedimos, la forma en la que fue presionada y arrinconada por miembros de la Iglesia, que se han identificado como del Arzobispado, le ha generado dudas y miedo a la menor para que retroceda en su decisión de interrumpir legalmente el embarazo», asegura la Defensora del Pueblo.

«Ella decidió hacerse una ILE tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló ‘yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí’. Las otras dos formas de intervención [de la madre y de la Iglesia] son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor», afirma Cruz..