El plan del gobierno para reformar los consejos de salarios en 2022 y cuál será el aumento en enero

El Ministerio de Trabajo pondrá sobre la mesa una negociación para modernizar los consejos de salarios: productividad, “descuelgues” claros y contemplar a los sectores chicos.

Parece sábado pero es miércoles, un rato después de las cuatro de la tarde. El edificio del Ministerio de Trabajo donde funcionan los consejos de salarios está casi vacío. Algunos funcionarios caminan mansos y un par de discretos y poco llamativos adornos navideños se dejan ver en el enorme hall de entrada. El movimiento afuera, en la calle 25 de mayo, tampoco es intenso. Los coletazos de la pandemia, y de las nuevas tendencias del trabajo remoto, aún se sienten en esta parte de la Ciudad Vieja: poca gente en las veredas y algún auto que pasa muy de vez en cuando.

En el primer piso hay cerca de diez salas, pero solo una —la 1A, con vista a esa desierta calle— está ocupada: el coordinador Gonzalo Illarramendi encabeza una negociación con representantes de empleados y empleadores del sector farmacias. Un cartel pide “mantener silencio” en esos pasillos que hace unas pocas semanas estaban más concurridos y otro recuerda que el artículo cuarto de la ley de negociación colectiva impone “el deber de negociar de buena fe y de guardar debida reserva de las informaciones confidenciales”.

La del sector farmacias es uno de las pocas reuniones previstas para la semana que pasó, porque la novena ronda salarial —la primera grande de lo que va de este gobierno— arrancó en el segundo semestre y se acerca a su fin.

Abarcó a unos 670.000 trabajadores privados en 187 subgrupos y, el dato que todos quieren saber, el aumento en enero para la mayoría de los empleados rondará 3,5% en pequeñas, medianas y grandes empresas y 3,2% en las microempresas (aunque hay casos superiores).

Cuando en 2005 el Frente Amplio llegó al poder y reinstaló los consejos de salarios después de 15 años (habían sido desarticulados en 1990, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle), este lugar era terreno conquistado por el Movimiento de Participación Popular (MPP): el ministro era Eduardo Bonomi y el director de Trabajo, Julio Baráibar, dos exdirigentes tupamaros. Ahora, con otro Lacalle en el poder, el Ministerio de Trabajo es encabezado por el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, pero la negociación colectiva está a cargo de Federico Daverede, un abogado de 43 años, militante blanco desde hace más de dos décadas y de extrema confianza del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Integrante de la lista 404, en el pasado asesoró a Delgado en el Senado y a Diego Labat, actual presidente del Banco Central, en Ancap. No es casualidad que Daverede sea el hombre del gobierno arriba de los consejos de salarios: en eso influye su cercanía con el secretario de Presidencia pero sobre todo que en su carrera se especializó en mediación y negociación.

Daverede, Mieres y el subsecretario Mario Arizti proyectan un 2022 intenso. Como planteó en campaña electoral (y la pandemia demoró el plan), el gobierno mantendrá los consejos de salarios pero con la premisa de que deben ser aggiornados. Mieres lo adelanta a El País pero también agrega con cierto dejo de ironía: “Contra los pronósticos de opositores al gobierno, que decían que íbamos a demoler la negociación colectiva, en menos de dos años tuvimos dos rondas exitosas e intensas”. La primera, hay que decirlo, fue el llamado período “puente”: excepcional por la pandemia, solo incluyó la convocatoria a los 20 grupos “madre” e implicó pérdida salarial en la mayoría de los casos.

Ahora piensan una gran reforma, que es la apuesta para discutir con sindicatos y cámaras en un año en el que no hay casi negociaciones salariales en agenda. Se pretende pactar una nueva modalidad de funcionamiento de la negociación colectiva y se definirán modificaciones, de cara a 2023. Ahí sí, se espera una gran ronda salarial justo en un año preelectoral. Antes se impone una modernización, dicen, que incluya protocolos rápidos para descuelgues, discusiones de la productividad, revisar las categorías laborales y llegar a negociaciones que sean más representativas de todos los sectores de empleados y empleadores (y no solo los más fuertes), entre otros temas. Pero eso lo contaremos más adelante: primero veamos lo que pasó este año.

Los números de esta ronda.
“Esta fue una negociación atípica porque parte de una pérdida salarial, que rondó el 4,2%”, dice Daverede desde su casa, a la espera de un test PCR que horas después daría negativo. Algo típico de estas épocas.

De los 187 subgrupos cuyos convenios vencieron en 2021, el viernes habían sido cerrados el 92,51%, 173 negociaciones, según las cifras oficiales a las que accedió El País. En 97 grupos, el 56,07% del total de los casos ya cerrados, el gobierno se abstuvo de votar el convenio, se aprobó con acuerdo bipartito de empleados y empleadores debido a que se superaron los lineamientos diseñados por el Ministerio de Economía. Es mucho: más de la mitad de las negociaciones. Se trata del porcentaje más alto de abstenciones hasta ahora, según los registros del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt (ver recuadro más abajo).

En el 24% de las negociaciones ya cerradas (42 subgrupos) hubo acuerdos tripartitos, el gobierno votó con los empleadores en el 14,45% de los casos (25 rondas) y con los trabajadores solo en cuatro casos (2,31%). Hubo cuatro decretos del gobierno, que es cuando no votan ni los delegados de empleados ni de empleadores.

¿Y qué sucedió con la recuperación salarial de lo perdido en pandemia? Solo unos 20 sectores recuperarán el 4,2% perdido o más, según un relevamiento del Cuesta Duarte. “Son una ínfima parte”, admite Daverede. La pauta establecía una recuperación de 1,6% en dos años, pero en sectores puntuales se dio más: los supermercados otorgaron 2,1%, por ejemplo. En otros casos se proyectó la recuperación salarial en un tiempo mayor al del convenio, por ejemplo a tres años.

Lo que viene ahora.
Es el momento de “bajar la pelota”, afirman en el Ministerio de Trabajo. El gobierno convocará a una gran negociación con empleadores, trabajadores e involucrará a los propios funcionarios del ministerio, apunta Daverede.

Dice el director de Trabajo que es hora de sentarse a pensar el aggiornamiento, “primero, los grupos y los subgrupos para ver si están adecuados a la realidad que vivimos”. Y pone un ejemplo: el mundo de las plataformas informáticas, que no está contemplado. También menciona la dinámica de la negociación: hay que buscar mecanismos para no perder calidad. Daverede dice que los cambios pueden ir por diferir las negociaciones en el tiempo o cambiar la forma en que se agrupan en los consejos. “Es un trabajo arduo, de hormiga”, indica.

El ministro Mieres, por su parte, menciona como lo primero a cambiar las categorías laborales, “que están muy antiguas”, así como los criterios y protocolos para clasificar empresas.

Siguiente punto: procedimientos y criterios más claros para el descuelgue, es decir cuando una empresa pide no pagar los aumentos salariales ya decretados debido a su situación económica. Hoy, en la práctica, el gobierno apoya si cree que hay “razones valederas”, en una suerte de fiel de la balanza. Pero “es necesario establecer requisitos” sobre la información que debe ser transparentada y las garantías sobre el manejo reservado de esa información, explica el ministro.

Otro tema que lo obsesiona es la fijación de criterios para establecer la representatividad en los sectores: “O sea, que los sectores más débiles de cada rama que no están sentados a la mesa, puedan participar. La representatividad debe ser lo más directa posible”. El ministro cree que el diseño actual de los consejos de salarios lleva a que las empresas y los sindicatos más fuertes sean los que negocian y resuelven y los pequeños sean tomadores de las decisiones que adoptan los otros. “Eso tiene el efecto perverso de pérdida del empleo”, dice el ministro.

Para eso, buscarán acordar reglas de juego distintas, como criterios para apertura de subgrupos y la definición de quiénes son los negociadores de cada una de las partes.

El veterano sindicalista de la bebida y del Pit-Cnt Richard Read, el único que queda desde la ronda de 1985, la primera tras la vuelta a la democracia en el gobierno de Julio María Sanguinetti, opina que “hay que vaciar y darle nuevo contenido a los consejos”, para mirar cómo “se llena la canasta” con nuevos ingredientes que hagan atractiva la negociación. Sostiene, por ejemplo, que debe discutirse el empleo, educación y capacitación y por último la productividad.

Mieres dice que en eso está “totalmente de acuerdo” con Read, ya que la productividad “es muy difícil acordarla colectivamente porque tiene diferencias en cada empresa, pero es una dimensión cada vez más relevante”.

Desde la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), su presidente Pablo Villar asegura que a ellos les “pega mucho más la falta de productividad que la pauta salarial”. Eso, a su juicio, debería discutirse en una nueva convocatoria de los consejos sectoriales, donde participe la academia y los ministerios de cada área.

En forma paralela, hay una comisión que surgió del consejo superior tripartito y analiza las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo en su momento a la negociación colectiva de Uruguay, a partir de un reclamo del sector empleador, que en 2019 hizo entrar al país en una suerte de lista negra.

Una de las recomendaciones de la OIT es que se privilegie la negociación bilateral o por empresa, más allá de la de rama. “¿Pero qué pasa cuando una empresa no tiene un sindicato? Hoy vamos al sindicato de rama y volvemos a lo mismo”, explica Daverede. Es decir, es un círculo difícil de resolver.

—¿Es una posibilidad que se negocie a nivel de empresa y no de rama?

—Como están estructurados los consejos de salarios, son por rama de actividad. Es parte de lo que hay que sentarse a pensar -afirma el director de Trabajo.

Mieres coincide: “Sí, esas son las cosas que tenemos que analizar”.

Pero el experiente negociador Juan Mailhos, gerente jurídico de la Cámara de Comercio, dice que para modernizar la negociación colectiva primero hay que atender las observaciones que la OIT realizó hace ya algunos años al país ante el reclamo de las cámaras. “La materia de los consejos de salarios tripartitos son los salarios mínimos y las categorías, el resto debe quedar librado a la negociación bipartita”, dice Mailhos, esperanzado. “Eso es parte de la discusión que tenemos. No sé si la idea es ir a algo tan puro. Pero quizás llegamos a una solución intermedia para que todos quedemos moderadamente satisfechos”.

Desde la Cámara de Industrias, el presidente Alfredo Antía observa una “crisis de representatividad”, lamenta que el “intervencionismo actual” sea muy marcado en una negociación colectiva por rama y poco flexible. “No existe espacio para la diferenciación dentro de las empresas: pagan los mismos beneficios salariales empresas pequeñas y grandes”, explica. Los industriales quieren una negociación bipartita, libre y voluntaria salvo para la definición de salarios mínimos por rama y que no se incluyan las condiciones de trabajo en la negociación tripartita.

Pero en el Pit-Cnt no quieren saber nada con la posibilidad de rebajar la relevancia de la discusión por rama o darle entrada a sectores que no están sindicalizados.

La economista Alejandra Pico, investigadora del Cuesta Duarte, opina que la negociación salarial por rama por encima de los mínimos “es funcional y ordena la cancha” a los empresarios. “¿Si no quien lo va a determinar? ¿Cada empresa?”, pregunta.

Fabio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), dice que hay “diferencias ideológicas” con el gobierno porque las supuestas flexibilidades “perforarán” la negociación. Riverón no quiere cambios y lo afirma con claridad: si la idea es ir a una negociación con salarios distintos según el tamaño de la empresa se espera “un choque de trenes”. ¿Será para tanto?