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El Gobierno definió los detalles del DNU que habilitará la compra de vacunas de Pfizer y espera que lleguen antes de que termine el invierno

Alberto Fernández y Vilma Ibarra se reunieron hoy en Olivos para cerrar la normativa que permitirá adquirir las dosis de ese laboratorio, de Moderna y Jonhson & Jonhson. A las 17, la secretaria de Legal y Técnica y la ministra Vizzotti darán una conferencia de prensa.

Alberto Fernández recibió esta mañana a Vilma Ibarra en la Quinta de Olivos para pulir la redacción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que enterrará las diferencias jurídicas entre el Estado nacional y la empresa farmacéutica Pfizer.

La reunión a solas se extendió por una hora, y con el texto ya definido Alberto Fernández resolvió que la secretaria de Legal y Técnica ofrezca una conferencia prensa para explicar los detalles jurídicos de una decisión política que ahora permitirá a la Argentina acceder a millones de vacunas contra el COVID-19.

Ibarra se encuentra redactando los considerandos del proyecto de DNU, a continuación recibirá en su despacho a Carla Vizzotti, que estará a cargo de las negociaciones directas con Pfizer, y a las 17 ambas funcionarias ofrecerán una conferencia de prensa para los periodistas acreditados en Balcarce 50.

El DNU acordado con Pfizer, que habilita también la posibilidad de comprar vacunas a Moderna y Johnson, será firmado hoy por el Gabinete y mañana publicado en el Boletín Oficial.

Alberto Fernández e Ibarra son expertos en derecho penal y durante el encuentro en Olivos repasaron la letra del borrador que la secretaria de Legal y Técnica llevó en su computadora personal. El Presidente ratificó los conceptos jurídicos que Ibarra negoció durante meses con los abogados de Pfizer y dejó en manos de su principal abogada la redacción de los considerandos que acompañarán al DNU que servirá para destrabar el acceso a millones de dosis contra el COVID-19.

La conferencia de prensa que protagonizarán Ibarra y Vizzotti, más la publicación del DNU en el Boletín Oficial, cierra un largo capítulo de tensión política entre el Gobierno y la oposición con respecto al acceso de vacunas para enfrentar las sucesivas olas de COVID-19.

El 10 de julio de 2020, Alberto Fernández recibió en Olivos a Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer, y al director científico de la Fundación INFANT, Fernando Polack. Fue un cónclave auspicioso: el Presidente avanzaba en la negociación de millones de dosis contra el COVID-19, y la compañía de los Estados Unidos accedía a la posibilidad de ejecutar la Fase 3 de la vacuna con 4.500 voluntarios argentinos.

Pero ese comienzo auspicioso terminó cuando se sancionó la Ley de Vacunas, que no cubrió todas las exigencias que había presentado Pfizer para vender sus vacunas a la Argentina. La empresa farmacéutica de los Estados Unidos argumentó que no estaba cubierta por eventuales denuncias penales y optó por plantear una reforma a la iniciativa parlamentaria sancionada con los votos del oficialismo y la oposición.

Alberto Fernández no estuvo de acuerdo con la nueva estrategia jurídica de Pfizer y se negó a aceptar sus reclamos legales. “Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado nacional”, explicó -en su momento- Alberto Fernández.

Después de muchísimas negociaciones, Ibarra, bajo las instrucciones del Presidente, logró una redacción legal que protege al Estado nacional y satisface las exigencias jurídicas de Pfizer. La clave de la negociación estaba en una palabra técnica del artículo 4 de la Ley de Vacunas.

Ese artículo establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incorporar en los contratos con proveedores públicos y privados “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

La palabra “negligencia” continuará en la norma aprobada en el Congreso, pero su hermenéutica estará condicionada por el trabajo legal que ejecutó el Gobierno. Pfizer aceptó la nueva normativa establecida en el futuro DNU y a partir de su promulgación se acelerarán las negociaciones para comprar vacunas a la empresa farmacéutica que ya firmó contratos con 116 países.

Vizzotti estará a cargo de cerrar el contrato millonario y, si no hay obstáculos inesperados, los primeros embarques de Pfizer llegarán a Ezeiza antes de que termine el invierno.

Fuente
Infobae