El escándalo de las cartas de Luxemburgo
Un conglomerado de medios y ONG reveló los intercambios epistolares entre el principado europeo y grandes corporaciones para burlar reglas de transparencia fiscal.
El cambio de orientación del debate internacional sobre impuestos corporativos y las propuestas del G7 y el G20 sobre el tema, no deben dejar que los árboles tapen el bosque. Los acuerdos provisorios alcanzados bajo la conducción técnica de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) son limitados, están llenos de agujeros y pueden incrementar la desigualdad global norte-sur, pero además los paraísos fiscales, cada vez más en la lupa pública, siguen floreciendo. Una prueba perfecta es la reciente investigación internacional de Le Monde, Süddeutsche Zeitung, El Mundo, Woxx, Investigative Reporting Project Italy, Tax Justice Network y The Signals Network que revela la existencia de prácticas impositivas secretas de uno de los paraísos fiscales favoritos del empresariado argentino, Luxemburgo, prácticas que violan hasta las flojitas reglas de transparencia de la Unión Europea (UE).
Las prácticas secretas del llamado “LuxLetters Scandal” (escándalo de las cartas de Luxemburgo) es la revelación de un pacto epistolar entre las autoridades impositivas del principado y las multinacionales para evitar las reglas de transparencia impositiva de la UE y la OCDE. En un escándalo similar en 2014, los Lux Leaks, se descubrió que durante más de 15 años el principado había hecho acuerdos bajo la mesa con las corporaciones en detrimento de sus socios de la Unión Europea para facilitar la elusión y evasión fiscal de las multinacionales. Las cosas no han cambiado.
De Lux Leaks al Luxletters
En el Lux Leaks una de los hechos más aberrantes era que durante todo ese período el primer ministro y ministro de Finanzas del principado era el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. En el grupo de multinacionales no faltaba casi nadie del sector productivo o financiero, desde Pepsi hasta Amazon y el HSBC: un tesoro de grandes corporaciones pescadas in fraganti. El escándalo fue tal que obligó a un ajuste de las reglas del bloque europeo que prohibió los llamados Tax Rulings (acuerdos entre compañías y autoridades fiscales) y llevó a que Luxemburgo mejorara sus reglas de intercambio de información para adaptarlas a las que regían en la UE y la OCDE. Eso sí, como un portentoso vaticinio de en qué quedaría la cosa, los únicos condenados a nivel judicial por el escándalo fueron los dos “whistleblowers”, empleados de una de las consultoras líderes en elusión y evasión fiscal, PWC, que recibieron sentencias de 9 y 12 meses de prisión y 2500 euros de multa de la “justicia” luxemburguesa por «revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad». Ni los funcionarios de Luxemburgo, ni las multinacionales y mucho menos Jean Claude Juncker recibieron ningún tipo de sanción.
La ley y la trampa
Entre los ingredientes de las actuales revelaciones está que paralelamente al cambio de reglas internas de Luxemburgo a raíz de los Lux Leaks, el principado desarrolló una práctica por la que las firmas contables y legales en conjunción con las autoridades impositivas intercambiaban “cartas de información” sobre la planificación tributaria de las multinacionales. El propósito de estas cartas era establecer un perímetro secreto en el que las autoridades colaboraban con estas firmas en establecer hasta dónde se podían estirar ciertas prácticas de las multinacionales para que se mantuvieran en el nebuloso terreno de la elusión fiscal.
El director de secreto financiero y gobernanza de Tax Justice Network (TJN), Markus Meinzer, explicó a PáginaI12 cómo esta práctica expone los enormes agujeros legales de la Unión Europea. “Está claro que las autoridades de Luxemburgo conspiraron deliberadamente para que los profesionales del mundo impositivo frustraran las leyes de la UE. Con esta cartas de información, Luxemburgo está violando no solo la ley europea sino la del mismo principado porque cualquier acuerdo impositivo –incluso si no tiene poder legal– debe ser informado a las autoridades europeas. Luxemburgo tuvo una oportunidad para limpiar su imagen de paraíso fiscal. Los Lux Leaks fueron una tarjeta amarilla. Este escándalo debería ser una tarjeta roja. Luxemburgo es uno de los paraísos fiscales más antisociales a nivel corporativo, incapaz de cumplir con las reglas de la comunidad”, señala Meinzer.
La realidad es que los 27 países de la UE están partidos entre paraísos fiscales netos (Holanda, Luxemburgo, República de Irlanda, etc), países con legislación más firme, pero enormes lagunas (Austria, Alemania, los países bálticos) y los perjudicados netos (el resto de las naciones) que ven sus ingresos fiscales succionados por las maniobras de sus propios socios comunitarios. La lista de “jurisdicciones no cooperantes” de la UE es una risa: ocho territorios sin peso a nivel global como Fiji o Samoa con un agregado de color, Panamá. Entre estas jurisdicciones no figura ni una de la Unión Europea. El reinado de la OCDE.
La UE pierde anualmente cerca de 200 mil millones de euros con estas maniobras de elusión y evasión fiscal. “Estas revelaciones son una clara señal del fracaso de las reglas de la UE y la OCDE. Para evitar estos escándalos faltan leyes que garanticen la transparentes y la información pública. Pero el lobby de la OCDE en la Unión Europea ha impedido la transparencia en el mundo corporativo”, señala Meinzer.
El problema es que la OCDE está en el centro de un circuito informal internacional para la creación de reglas tributarias internacionales. “Este rol se retrotrae como mínimo a los años ’70. Como la legislación impositiva internacional tiene una complejidad técnica importante y un elemento político fundamental, la OCDE cuenta hoy con un staff de unos 150 expertos impositivos, algo que no se da en otras organizaciones, y, al mismo tiempo, está dominado políticamente por los países ricos”, explica a PaginaI12 Sol Picioto, asesor senior de TJN.
Central en la OCDE es su poderoso secretariado que decide qué propuestas de los 134 países del llamado Marco Inclusivo son relevantes para las nuevas reglas de impuestos mínimos a las multinacionales y las empresas digitales y de servicios que se dirimirán en el seno de la OCDE en octubre. “Obviamente no pasan las de los países en desarrollo, del G24 y del Foro Africano de Administración Tributaria. Y todo se hace a puertas cerradas. No se puede imaginar una estructura más arbitraria y opaca que la OCDE para tomar estas decisiones. Por eso me cuesta ser optimista sobre el resultado que saldrá sobre este tema de la conferencia de la OCDE en octubre”, señaló a este diario el coordinador ejecutivo de la Alianza por la Justicia Global, Dereje Alemayehu.