Cesira Arcando alertó sobre las empresas que buscan “disciplinar a los trabajadores”

La diputada del bloque FE se refirió al encuentro con Jorge Baclini, fiscal General de Santa Fe, por la detención de un dirigente de Smata ante la protesta realizada contra los despidos en Guerrero Motos.

Tras la detención del secretario General de Smata, Román Moyano, ocurrida durante los últimos días de enero en San Lorenzo, desde el bloque FE se articuló un diálogo con el Ministerio Público de la Acusación. “Esto puso en alerta al movimiento obrero en virtud de que no es un caso aislado. Estamos hablando de los límites y las zonas grises que tiene la protesta, el derecho de poder peticionar ante las autoridades, el derecho de huelga, con la imputación de un delito penal”, planteó la diputada provincial Cesira Arcando.

Este viernes, en comunicación con ATP, la legisladora comentó lo hecho por la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja. Pero además, en tanto dirigentes gremiales, “llevamos un mensaje a la sociedad de que si tocan a uno, nos tocan a todos”. En ese contexto y habida cuenta de la gravedad que supone que una persona sea imputada por reclamar, “nos preocupa que las empresas adopten este tipo de mecanismos para disciplinar a los trabajadores o para no cumplir con la ley”, sostuvo a instancias de un conflicto desatado por el despido de 23 trabajadores de Guerrero Motos, anunciado durante la noche del 24 de diciembre último.

Acerca de lo dicho por Jorge Baclini, jefe de los fiscales de la provincia, la diputada destacó el carácter de la reunión. “Nos llevamos una buena sensación en virtud de haber logrado que se entendiese que no solamente está en juego la comisión de un ilícito o no. No vamos a defender la comisión de un ilícito. Lo que sí queremos es desmembrar la naturaleza del conflicto”, aclaró. En tal sentido, se propuso abrir una mesa de diálogo entre los distintos poderes gubernamentales y los gremios a los efectos de que “ante un conflicto determinado, se puedan hacer de todos los elementos de prueba para que se determine la naturaleza del conflicto”. “Le propusimos al fiscal General –comentó Arcando– que llamen a los gremios, convoquen al Ministerio de Trabajo, investiguen si existen actuaciones abiertas, si existe un marco de conciliación obligatoria”.