Biden ordena al gobierno federal rescindir los contratos con prisiones privadas

Carpeta tras carpeta, los primeros diez días de Joe Biden en la Casa Blanca están siendo una sesión continua de firma de órdenes ejecutivas para abordar las diferentes crisis que afligen el país.

Primero fue la pandemia. Después, la crisis económica.Y ayer, otra más profunda y antigua, la herida racial.

“Es obvio que nunca hemos estado a la altura de los principios fundacionales de nuestro país, que todos los hombres son iguales y es el momento de actuar”, recalcó el presidente Biden antes de firmar varios decretos en aras de la justicia racial. A juicio del demócrata, el país “está preparado” para afrontar esta crisis y “todos” se beneficiarán de ello: “Los ocho minutos y 46 segundos que se llevaron la vida de George Floyd abrieron los ojos de millones de personas”. “La unidad comienza por el conocimiento y la verdad, no por la ignorancia y las mentiras”, añadió citando el asalto al Capitolio como una manifestación del supremacismo blanco.

El sector privado se ha transformado y ahora gestiona sobre todo centros de detención de inmigrantes
Biden firmó varias órdenes ejecutivas para acabar con las políticas “discriminatorias” en el acceso a la vivienda pública, “reafirmar” la obligación del gobierno federal de reconocer a las autoridades tribales y combatir xenofobia contra las personas de origen asiático, además de limitar la transferencia de material militar a los departamentos de policía y ordenar al gobierno federal rescindir sus contratos con prisiones privadas, “las menos seguras” para los presos y los guardianes, según la Casa Blanca.

Estas dos últimas medidas habían sido adoptadas en el 2016 por Barack Obama pero fueron revocadas por Donald Trump. Estados Unidos es el país con mayor población carcelaria del mundo (unos 2,3 millones de personas, con un porcentaje desproporcionado de negros y latinos) y la presión para resolver el conflicto entre los intereses públicos y privados en este terreno se ha convertido en un clamor en los últimos años.

Nada como seguir la evolución de la cotización de las grandes empresas de seguridad privada para entender hacia dónde va Estados Unidos políticamente. El declive iniciado durante la era Obama continuó mientras se pensó que los demócratas seguirían en la Casa Blanca pero sus acciones repuntaron
y resistieron con la elección de Trump y volvieron a caer con la victoria de Biden, aunque no tanto como cabía esperar de la llegada de un presidente que prometía “impedir que las corporaciones privadas se beneficien del encarcelamiento”.

El motivo, la creciente diversificación de la cartera de servicios que estas empresas prestan a los gobiernos y su adaptación a una opinión pública cada más crítica. En los últimos años, tanto CoreCivic como GEO Group, que han hecho abundantes donaciones a Trump y otros candidatos republicanos, han eliminado el adjetivo correccional de sus nombres para pulir problemas de imagen y reflejar la transformación de sus actividades.

El 30% de sus ingresos actuales proceden de contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la denostada ICE. En los meses finales de la Administración Trump han firmado varios contratos de larga duración con el gobierno que serían difíciles de desmantelar por la nueva administración si se planteara revocarlos. Susan Rice, consejera de Interior de la Casa Blanca, matizó ayer que la orden de rescindir los contratos se aplica solo al Departamento de Prisiones, no a las agencias migratorias.

En los últimos años, el sector privado también ha crecido en el sector de la vigilancia electrónica, el alquiler de locales y la gestión de las llamadas casas de transición , que prestan servicios de rehabilitación contra adicciones. Según algunas investigaciones, esta evolución ha dado lugar a una nueva industria.

“Venden lo que sea que creen que los estados les van a comprar”, ha dicho a The Marshall Project, una portal sin ánimo de lucro especializado en la justicia criminal, Caroline Isaacs, responsable de una oenegé de Arizona a favor de la reducción de la población carcelaria. “Tan pronto como empezaron a oír hablar de la reforma de las sentencias empezaron a pensar en cómo sacarle provecho”. Las empresas alegan que son parte de la solución para reinsertar a los presos en la
sociedad, no del problema.