Acuerdo de paz en Colombia: cinco años con poco para celebrar
En un nuevo aniversario de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, diferentes organizaciones expresaron que el avance tiene gusto a poco y muestran un balance de más de 1.500 muertos entre sus filas en manos de narcotraficantes y paramilitares.
A cinco años de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en Colombia, activistas de derechos humanos, representantes del campesinado, líderes sociales y los propios desmovilizados parecen no tener nada para celebrar y por el contrario muestran un balance de más de 1.500 muertos entre sus filas, abandonadas, según afirman, a la violencia de paramilitares y narcotraficantes y sin defensa alguna de las fuerzas del Estado.
«El corazón del acuerdo era crear condiciones para que se pudiera hacer política sin ser combatido con violencia o temiendo ser asesinado, y todo eso no ocurrió, sino todo lo contrario», lamentó en diálogo con Télam Alberto Yepes, de la Coordinadora de DDHH, una ONG que lleva un registro de las masacres y los crímenes de líderes sociales y exguerrilleros.
De acuerdo con el activista, «el Gobierno básicamente sustituyó el acuerdo de paz por un programa que denomina ‘paz con legalidad’, que no tiene nada que ver con el acuerdo de paz, no es de paz sino de guerra; es entregarle los recursos a las fuerzas militares para que hagan presencia en las zonas más identificadas con el conflicto».
El acuerdo
El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño (Timochenko) suscribieron el acuerdo urdido tras cuatro años de extenuantes negociaciones en Cuba y luego del revés que había sufrido en el plebiscito del 2 de octubre, que por escasísimo margen le había dicho no al pacto.
El acuerdo suponía un extraordinario avance en la vida democrática de un país que le ponía fin a un conflicto interno de más de cinco décadas, y no sólo se establecía el abandono de la lucha armada de parte de la guerrilla más antigua del continente, sino que también se implementaba la erradicación de cultivos ilícitos, se originaba un escenario de práctica de la política para los desmovilizados y se creaba una justicia transicional para reparar a las víctimas.
Balances
Diversos balances provenientes de activistas, catedráticos y observadores políticos coinciden en que, de todos los puntos suscriptos, el que se cumplió a rajatabla fue el del abandono de las armas de los exguerrilleros: salvo un mínimo grupo que prefirió no adherir y se mantuvo fuera del convenio, unos 13.000 combatientes ingresaron en la nueva vida que les ofrecía el pacto.
Según detalló Yepes en coincidencia con otros registros, desde aquel 24 de noviembre de 2016 a hoy fueron asesinados 293 exguerrilleros (217 en lo que va del Gobierno del derechista Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe), básicamente porque del total de desmovilizados, unos 10.000 debieron abandonar las zonas seguras que brindaba el acuerdo y quedaron indefensos a manos de paramilitares, fuerzas regulares, bandas criminales y narcotraficantes.
¿Dónde reside la gran falencia por la que no es posible que se implementaran los distintos puntos del acuerdo? En la mirada de los organismos de DDHH y del campesinado, en la decisión del actual gobierno de no cumplir su parte (y hasta sabotear algunos de los aspectos que más molestan a los sectores de poder, como la entrega de tierras y planes de vivienda para los desmovilizados).
Pero también aparece en el horizonte otro factor de desestabilización del pacto, y es la eliminación física lisa y llana de los líderes sociales encargados de regular y velar por el cumplimiento de lo firmado: 1.267 fueron asesinados desde noviembre de 2016 (142 este año), de acuerdo con datos suministrados por Yepes.
Uno los puntos más ignorados por las autoridades actuales es el referido a las reformas estructurales tendientes a superar las causas del conflicto, que nació en 1960 en reclamo de una justa distribución de tierras en un país con vastísimas áreas rurales y selváticas.
«De esto no se cumplió absolutamente nada. No hubo reforma rural. El Gobierno no quiso implementarla porque los dueños de la tierra son los grandes perpetradores de los crímenes en el marco del conflicto», ilustró Yepes.
Respecto del capítulo titulado «Solución al problema de las drogas ilícitas», los campesinos que se dedicaban a esos cultivos (básicamente cannabis, coca y amapola) estaban dispuestos a cambiar su producción si el Estado les proveía otra materia prima, lo cual tampoco se cumplió, y encima quedaron expuestos a las amenazas de los grupos dedicados al narcotráfico.
«Hay cerca de 240.000 familias que viven de esos cultivos, y sólo 90.000 entraron en un programa de sustitución de sembrados. Estos programas tendrían que tener una asistencia económica que nunca se implementó, y además recrudeció la violencia contra los trabajadores rurales con 18 campesinos muertos desde la firma del acuerdo», detalló el dirigente.
Para la reincorporación civil de los exguerrilleros se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) pero el 70% de ellos debieron dispersarse por los ataques del paramilitarismo que no tuvieron oposición de las fuerzas militares, de manera que solo 3.000 están actualmente en situación regular, o al menos en la situación que les prometía el acuerdo.
«El proyecto de reincorporación colectiva fracasó porque el Gobierno y las élites tienen mucho temor a la organización del campesinado, a la expresión política de las FARC, que pueda tener arraigo importante en sectores campesinos que le pueda dar una proyección política», evaluó Yepes.
Añadió que «la mejor muestra de que el Gobierno no tiene voluntad de que se cumpla el acuerdo es que para 2022 a las principales agencias que tienen que ver con la reincorporación y los proyectos de los exguerrilleros se les redujeron el presupuesto».
Para el gobierno conservador, la principal traba para que se implementen los acuerdos está originada en el clima de violencia que ejercen paramilitares, narcos y bandas criminales comunes, además de las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida oficialmente, que tiene presencia en un centenar de municipios y constantemente es señalada de atentados contra la fuerza pública y civiles.
El ELN inició accidentadas conversaciones de paz con el Gobierno, pero en varias oportunidades dejó entrever que no firmaría ningún acuerdo con las actuales autoridades luego de comprobar las reiteradas vulneraciones que Duque comete contra la letra muerta del pacto con las FARC.