Milagro Sala o el rostro de la persecución política y judicial
Más de 1600 dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos reclamaron, a través de una solicitada, la libertad inmediata de Sala y repudiaron y señalaron al gobernador Gerardo Morales como responsable de su persecución.
Algo más de 1600 dirigentes políticos y referentes sindicales, académicos, judiciales, de las organizaciones de derechos humanos y de los movimientos populares reclamaron, a través de una solicitada, por la libertad de Milagro Sala, detenida desde 2016. En una carta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos», militantes y funcionaries manifestaron su apoyo a la líder de la Tupac Amaru y denunciaron que es víctima de una «persecución política, judicial y mediática» que tiene como principal responsable al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Este próximo sábado, la dirigenta cumplirá cinco años presa.
«Cinco años de injusticia. Cinco años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», arranca diciendo el texto que fue firmado por más de 1600 figuras políticas y sociales. Entre les firmantes hay varios funcionaries del oficialismo, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Paula Español (secretaria de Comercio Interior), María Laura Garrigós (subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia), Julio Alak (ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires) y Dora Barrancos (asesora presidencial). Hay, también, numerosas figuras de los movimientos sociales y eclesiásticos, como Juan Grabois (titular Frente Patria Grande) y el padre «Paco» Olveira (Cura en Opción por los Pobres), y legisladores nacionales, como las senadoras Nancy González y Beatriz Mirkin, y les diputades Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca.
«Nos proponemos dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre», explica la carta, que fue publicada solo tres días después de que saliera la solicitada a favor de la liberación del exvicepresidente Amado Boudou.
El sábado se cumplen cinco años desde que la líder política y social Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe de protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy. Desde entonces se ha ido desarrollando una descarnada avanzada judicial en su contra que ya arrastra un total de seis juicios y dos condenas (ninguna firme). La primera, de 2017, fue por un «huevazo» en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy en 2009. Aunque se probó que ella no había participado, a Milagro la acusaron de ser la instigadora del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena fue el año pasado, donde la sentenciaron a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa conocida como «Pibes Villeros», que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
«La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Y tiene un objetivo bien determinado: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social», sostuvieron los firmantes de la carta. «Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora», aseguraron.
«Cinco años de injusticia. Cinco años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización», arranca diciendo el texto que fue firmado por más de 1600 figuras políticas y sociales. Entre les firmantes hay varios funcionaries del oficialismo, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Paula Español (secretaria de Comercio Interior), María Laura Garrigós (subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia), Julio Alak (ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires) y Dora Barrancos (asesora presidencial). Hay, también, numerosas figuras de los movimientos sociales y eclesiásticos, como Juan Grabois (titular Frente Patria Grande) y el padre «Paco» Olveira (Cura en Opción por los Pobres), y legisladores nacionales, como las senadoras Nancy González y Beatriz Mirkin, y les diputades Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca.
«Nos proponemos dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre», explica la carta, que fue publicada solo tres días después de que saliera la solicitada a favor de la liberación del exvicepresidente Amado Boudou.
El sábado se cumplen cinco años desde que la líder política y social Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe de protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy. Desde entonces se ha ido desarrollando una descarnada avanzada judicial en su contra que ya arrastra un total de seis juicios y dos condenas (ninguna firme). La primera, de 2017, fue por un «huevazo» en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy en 2009. Aunque se probó que ella no había participado, a Milagro la acusaron de ser la instigadora del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena fue el año pasado, donde la sentenciaron a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa conocida como «Pibes Villeros», que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
«La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Y tiene un objetivo bien determinado: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social», sostuvieron los firmantes de la carta. «Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora», aseguraron.