Nacionales

El kirchnerismo apura la reforma judicial: buscará sacar dictamen mañana en el Senado y llevarla al recinto la semana próxima

Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, el 18 de Agosto de 2020
Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, el 18 de Agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Luego de escuchar a un total de 16 expositores, el plenario de comisiones del Senado que analiza la reforma judicial volverá a reunirse mañana. Según pudo saber Infobae, el kirchnerismo pretender aprobar un dictamen de mayoría mañana mismo y llevar el proyecto del Ejecutivo al recinto el próximo miércoles. En principio, no habría modificaciones a la propuesta original a pesar de las propuestas escuchadas en las últimas dos semanas.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia volverá a reunirse mañana a las 16 horas. El Frente de Todos tiene quórum propio y avanzaría aunque no se presenten los senadores de Juntos por el Cambio.

En la reunión de hoy, el abogado constitucionalista K Eduardo Barcesat propuso que la reforma regule las filtraciones del contenido de las causas judiciales en los medios de comunicación. “Nunca más a que los medios anticipen las sentencias o resultados de informes periciales”, dijo y hasta habló de “prácticas viciosas”. También festejó la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “necesaria y oportuna”. En esa línea, celebró la intención de limitar el poder de los jueces federales. “Hay que deconstruir el Lawfare”.

Barcesat fue abogado de la titular de las Madres Hebe de Bonafini y recientemente propuso la creación de un tribunal ético para investigar los procesos judiciales que involucran a dirigentes como Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Rafael Correa, entre otros.

Invitado a exponer en el plenario de comisiones que analiza la reforma judicial, Barcesat hizo hincapié en el rol de los medios. “Toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación deberá ceñirse a los actos públicos en las causas y con sujeción al artículo 42 de la Constitución Nacional”, es una de las propuestas que acercó para incluir en el artículo 70 de la reforma.

Barcesat también propuso que esa norma haga mención a las pruebas incorporadas al expediente: “Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda”.

En esa misma línea, el abogado sostuvo que la reforma “es necesaria y oportuna” y reclamó que se diluya el poder “concentrado” de los jueces federales, uno de los principales objetivos del proyecto enviado por el Ejecutivo. Llamativamente, el abogado lamentó que la Corte Suprema no hay dictado una acordada durante el gobierno anterior “para orientar las causas penales”.

Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado - 18 de agosto
(Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El primer expositor de la jornada fue el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Javier De Luca, un referente de la agrupación Justicia Legítima, quien avaló la reforma judicial propuesta por el Gobierno. Dijo que “no cambia las causas en trámite” y que ataca “la acumulación de poder en pocas manos”, aunque cuestionó que el proyecto oficial debería acompañar la aplicación del sistema acusatorio, una crítica que se repitió entre los expositores.

“Este proyecto no cambia las causas en trámite, se trata de atacar la acumulación de poder en pocas manos, el poder tiende a corromper, desde ese punto de vista no es inconstitucional”, arrancó el fiscal. Y agregó: “Hay que quitarles las funciones administrativas y económicas a los jueces y fiscales. Actualmente nombran empleados, se ocupan de las subrogancias, de llenar tribunales. Esta función contamina el trabajo jurisdiccional”.

De Luca se formó en la cátedra de Eugenio Zaffaroni y se convirtió en uno de los discípulos del ex juez de la Corte Suprema. En 2011 ingresó como fiscal de Casación. Desde entonces, acumula una larga lista de dictámenes polémicos. En dos oportunidades pidió desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, en el inicio del caso Ciccone, el fiscal dictaminó a favor del ex vicepresidente Amado Boudou, al considerar que no se había cometido ningún delito. Y también dictaminó que se debía revocar la sentencia que condenó a Milagro Sala por un violento escrache al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En su exposición, el fiscal también dijo que el proyecto oficial no acompaña la aplicación del sistema acusatorio: “Mantiene la misma lógica existente. Estamos yendo al acusatorio, pero este proyecto no tiende a eso. El sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino cambiar la estructura”. Ante una pregunta puntual, De Luca agregó que el Código Procesal Penal Federal, que ya se aplica en Salta y Jujuy, “fue recortado con varias leyes”. “Seguimos con la misma estructura, eso no es un acusatorio”, puntualizó.

Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado - 18 de agosto
(Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

De Luca también se permitió criticar la multiplicación de los jueces subrogantes en el nuevo fuero federal, donde se sumarían 23 magistrados hasta que se realicen los concursos. “Este poder de designar un tribunal subrogante contamina la tarea jurisdiccional, trae todo tipo de problemas, corruptelas, y acuerdos no nobles”, opinó.

Consultado sobre las demoras de las causas por corrupción y las fallas del sistema en Comodoro Py, donde tiene su despacho, De Luca agregó: “Cada juez sabrá por qué demora una causa, el sistema no funciona porque no se controlan los plazos procesales”.

El fiscal de la Cámara de Casación fue el primero de una lista de 16 oradores que expusieron hoy ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado.

A su turno, Miguel Caminos, ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 y ex titular de la Asociación de Magistrado, criticó con dureza el proyecto de reforma especialmente en la transformación del fuero criminal y correccional. “Este proyecto debilita a la justicia nacional, le sustrae 23 cargos de jueces, eso va a afectar a la población. No se le presentan opciones a los jueces, se omite qué va a pasar con los jueces que no opten (ir a la Ciudad)¿Van a perder los cargos?¿ Se los va a indemnizar?”. se preguntó.

Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado - 18 de agosto
(Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El siguiente expositor fue el procurador General de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, quien dio positivo de coronavirus pero decidió participar del debate a distancia. El funcionario judicial tuvo un breve cruce con Oscar Parrilli, cuando el senador le preguntó por la aplicación del sistema acusatorio durante el gobierno de Mauricio Macri.

“¿La no aplicación del sistema acusatorio tenía como objetivo aplicar el plan de manipulación de los jueces?”, lo interrogó el ex titular de la AFI. “No le voy a echar culpas a nadie. Estamos yendo en el camino equivocado. Lo que usted está criticando, de alguna manera lo están continuando. Este proyecto no nos lleva a la aplicación del sistema acusatorio”, le respondió el procurador de Mendoza.

Parrilli volvió a pedir la palabra y abundó en sus criticas contra el gobierno anterior. La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez se sumó al contrapunto y habló de la “amnesia selectiva” de su colega.

Plenaria Asuntos Constitucionales
Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, el 18 de Agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El juez del TOC 18 Ricardo Rojas cuestionó la creación de jueces subrogantes en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. “La experiencia es que los concursos para el ámbito federal no se resuelven en un año y medio. El tribunal que acabo de dejar tiene una vacante hace diez años. Hay un peligro en tener 23 jueces federales subrogantes que no van a tener las mismas garantías que el resto de los jueces”, opinó.

Rojas también criticó que no se haya consultado a los responsables del Ministerio Público antes de mandar el proyecto al Congreso. De hecho, todavía no fue convocado el procurador interno Eduardo Casal. “La estructura del Ministerio Público va a tener que cambiar, hay una contradicción de avanzar rápidamente con la implementación de sistema acusatorio y los cargos que se están creando. La nueva distribución de roles y cargos se tiene que hacer sobre la base del procedimiento al que vamos y no del que estamos dejando”, dijo.

Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires, también fue muy crítico en su exposición sobre el contenido de la reforma de Alberto Fernández. “Creemos que el proyecto merece ser reconsiderado en su totalidad, no se trata de una reforma judicial sino de un aumento de cargos”, arrancó. En el caso del desempeño de los jueces Comodoro Py, lamentó que sancionen leyes para mejorar el sistema en lugar de revisar el mecanismo de selección de los magistrados.

En tanto, el abogado Jorge Auat, referente de la agrupación Justicia Legítima, se expresó a favor de la reforma aunque pidió que se atiendan los juicios de lesa humanidad. “Lo que es urgente siempre es oportuno, hay una comisión bicameral que ajustara lo que se necesite”, dijo. Por su parte, el ex juez Carlos Ronzanski reclamó que se amplíe la Corte Suprema a 21 miembros, aunque esa parte de la reforma todavía está en manos de la comisión de asesor del presidente Alberto Fernández.